ENTREVISTA AL TITULAR DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
Juan Bontempo (foto) hace un balance las dos medidas clave: el nuevo marco de reaseguros y la repatriación de activos. Dice que la Súper va a monitorear on line los juicios y mediaciones, para evitar “ocultamiento” de pasivos.
Los pasillos del emblemático edificio de Diagonal Sur no son nuevos para Juan Antonio Bontempo, nuevo superintendente de Seguros de la Nación. Durante todo el mandato de su antecesor Francisco Durañona, lo acompañó con el cargo de vicesuperintendente. La posición fue reflotada del ostracismo ad hoc y luego de que él asumiera a fines del año pasado desapareció nuevamente del organigrama de la Súper.
Bontempo (42), casado y licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, es un histórico operador político kirchnerista, fue hombre de confianza de Néstor Kirchner y cuenta en su haber con una importante carrera en el ámbito público de la provincia de Santa Cruz y de la Nación.
Comenzó a fines de los 90 como asesor del ministerio de Economía de la provincia de Santa Cruz, luego fue subsecretario de Planeamiento, subsecretario del Interior, ministro de Gobierno y ministro de Economía, siempre en la misma provincia patagónica.
Entre el 2005 y 2010 ocupó dos veces el cargo de coordinador de la Unidad Presidente de la Nación. La primera vez, en 2005, luego de que el ex gobernador Sergio Acevedo lo alejara de la órbita de poder santacruceña y la segunda en 2008 tras su valorada gestión en repudio de los ruralistas que pugnaban en contra de las retenciones móviles.
En diálogo con
Estrategas, el nuevo piloto de la
Superintendencia de Seguros de la Nación confirma que profundizará la línea ya trazada por la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner: instalar a la industria aseguradora como un pilar de desarrollo nacional e imprimir un mayor control sobre los operadores del sector.
-A seis meses de la entrada en vigencia del nuevo régimen regulatorio del reaseguro, ¿cuál es su evaluación?
-Muy buena. Tenemos ya 13 compañías inscriptas y varias que están interesadas en el proceso de inscripción. Hemos cumplimos con los dos objetivos que nos habíamos propuesto. Por un lado, apostar a un mercado argentino que genere un círculo virtuoso en cuanto al manejo de divisas que salían al exterior y la generación de capitales para la economía nacional. Y por otro, posibilitar mayores controles. Durante casi veinte años el hecho de haber liberalizado esa actividad y no haber ejercido los controles suficientes generaron muchas conductas no deseables en relación a lavado de dinero, a contratos de reaseguro falsos, reaseguradoras instaladas en paraísos fiscales.
-En junio vencen la mayoría de los contratos con reaseguradoras extranjeras. ¿Cuál estima que será la oferta y la capacidad local de reaseguros para ese momento?
-La demanda que tenga el mercado argentino de reaseguros va a estar absolutamente satisfecha. Una de las críticas que se nos planteó al comienzo fue que no iba a haber capacidad para responder a la demanda y que la Argentina se iba a quedar sin reaseguro. Hubo posiciones muy extremas. Hemos avanzado en la medida y hemos demostrado que no va a ser así. Vamos a esperar para ver cómo termina de evolucionar el mercado. Va a haber suficiente capacidad.
-¿Quedan aspectos del nuevo sistema todavía por reglamentar?
-A la norma no le falta nada estructural ni nada grueso. Entra en vigencia como está. Sí, como planteamos desde el comienzo, todo lo que pueda contribuir a perfeccionar el objetivo político de la norma estamos dispuestos a hacerlo. Hoy nos encontramos que no sólo está funcionando el sistema sino que hay una cámara de reaseguradoras. Con ellos tenemos un diálogo permanente, al igual que con las otras cámaras, sobre la problemática del sector y cómo nos preparamos para la entrada en vigencia plena de la normativa. Hay una inquietud que han planteado las reaseguradoras, y nos parece correcta, en relación a la disponibilidad de divisas para realizar sus operaciones. Estamos trabajando en conjunto con Economía y con el Banco Central para que no haya ningún tipo de dificultad en este sentido.
-Hay quienes sostienen que el Gobierno nunca descartó totalmente la creación de un reasegurador estatal o mixto. ¿Sigue estando en carpeta la vuelta del INdeR?
-No. La verdad no lo tenemos en carpeta. La decisión política creo que fue clara a través de la norma que está vigente. Me parece que fue parte de la intención de distorsionar la medida, haciendo referencia al INdeR como algo negativo y que íbamos camino hacia allí. La situación es clara, si hubiésemos decidido volver al INdeR lo habríamos hecho. Lo que decidimos es lo que está vigente.
-Según los balances a diciembre, el 80 por ciento de las aseguradoras ya repatrió las inversiones que tenían en el exterior, como exige la norma 36.612. ¿Cómo se manejaron los casos de aseguradoras de Vida, donde la canasta de inversiones forma parte del contrato?
-Todas las compañías iniciaron el proceso de repatriación, las de Vida y no Vida. En el caso de las de Vida, se contemplaron las particularidades que menciona. Se está trabajando ahora en establecer un proceso para que se vayan desarmando esos productos y que esas inversiones retornen a la Argentina. Es decir, se les dio más plazo, porque era necesario atender esta necesidad, pero tienen que cumplir con la normativa que es repatriar.
-¿Habrá algún tipo de consideración respecto al impacto negativo que tuvo la repatriación en los balances? Hay aseguradores que están indignados con las pérdidas registradas.
-Vamos a analizar la situación de cada compañía. Las aseguradoras han tenido un año excelente. No sé quién puede estar indignado por la pérdida que le haya ocasionado. Por el contrario, creo que hubo una colaboración de las compañías y de las cámaras. Creo que todos los sectores comprendieron cuál era el sentido de la norma, que contribuía al interés general del país, que las compañías tienen el negocio en este país y que si al país le va bien a ellos les va a ir bien.
-Más allá de las acciones llevadas a cabo en 2011 en materia de prevención de lavado de activos en el sector asegurador, ¿cuál es el foco de la Superintendencia hoy en el tema?
-Es avanzar en consolidar las medidas que la Argentina ha decidido en el marco del GAFI. En eso trabajamos en conjunto y la que va marcando el horizonte es la UIF, como órgano rector. Estamos prontos a aprobar la nueva orgánica de la Superintendencia donde se crea la gerencia de antilavado, que es una de las condiciones que pone la UIF en cuanto a jerarquizar el área.
-¿Cuál sería su tarea?
-Llevaría adelante en forma específica los requerimientos que el GAFI y la UIF le imponen al sector seguros en la Argentina, que incluyen desde monitoreo de las compañías, las inspecciones específicas en tema de lavado, la implementación de las normas que se vayan dictando, la coordinación con los otros organismos del Gobierno Nacional como el Banco Central, la Comisión de Valores, y obviamente la relación con la UIF. Nombraremos un responsable con un nivel gerente, un rango jerárquico superior al que tiene hoy dentro de la estructura.
-¿Cuál es el nuevo organigrama sobre el que se está trabajando?
-El nuevo organigrama está pensado en el marco de modernizar la gestión de la Superintendencia. En cuanto a estructura se va a fortalecer la gerencia técnica y la gerencia de evaluación, y como dije avanzaremos en la creación de una gerencia de antilavado.
-Están trabajando en una nueva resolución que regula el accionar de los agentes institorios. ¿Qué cambios fijaría y cuándo saldría la norma?
-Nos parece que el organismo tiene que tener una decisión política acerca de este sector, expresada en una norma. Tiene que poder ejercer la capacidad de control y contar con la suficiente información sobre el funcionamiento de los agentes institorios. Estamos trabajando. Será próximamente.
-¿Dará respuesta al eterno reclamo de los productores de seguros en cuanto a que los agentes institorios no tienen los mismos requerimientos que les exigen a ellos?
-Hemos hecho una mesa de trabajo donde los productores han expresado su parecer en el tema. Creemos que la Superintendencia tiene que tener instrumentos de registro y control de los agentes institorios.
-Los productores también piden la derogación del decreto 855.
-Coincidimos con la postura de los productores en relación al decreto 855. Nuestra voluntad es que quede de derecho derogado. Estamos trabajando con el Ejecutivo para que esto suceda. Pero creemos que esto se tiene que dar en un marco de una nueva legislación para el seguro en la Argentina que es lo que queremos proponer este año. Más que ir sacando o poniendo partes y viendo si derogamos o no un decreto, todos los sectores del seguro, con el Estado como rector, tenemos que avanzar en modernizar la legislación. Ahí planteemos la discusión de los agentes institorios, la discusión de los brokers, el reaseguro nacional y cómo debe controlar el Estado de verdad. Hasta que este marco normativo se concrete, vamos a cumplir con nuestra función y me parece que es momento de que digamos algo sobre los agentes institorios, por lo menos generar un marco de control y registro.
-En el día del Seguro, usted hizo una convocatoria al sector para el desarrollo de un plan nacional estratégico del seguro. ¿A esto se refiere?
-Sí. Ahí lanzamos la idea de que este sector -que es uno de los más importantes de la economía argentina, porque pocos sectores producen 10 mil millones de dólares- genere un plan para los próximos cinco o diez años donde participen todos los actores que hacen al seguro y que nos permita avanzar hacia dos objetivos centrales: que haya mayor producción y que ese ahorro nacional se transforme en mayores puestos de trabajo, mayor aporte a la economía argentina, mayor financiamiento de la economía real, la posibilidad de financiar las necesidades que tenga el Estado, además de cumplir una función social importante.
Si nos ponemos de acuerdo en las líneas básicas de lo que tenemos que hacer, con las compañías, las cámaras, los productores, los institutos que investigan sobre el seguro, convocando a una mesa de especialistas, de juristas y a los trabajadores, que también nos parece que tienen que dar una opinión, de todas esas voces tenemos que hacer un plan para el seguro argentino, como hizo el ministerio de Agricultura con el Plan Agroalimentario o el ministerio de Industria con el Plan Industrial 2020. Es un sector que está muy por debajo de su potencial y el órgano de control tiene que ser un órgano promotor de una política pública.
-¿Cuáles serán los pasos a seguir con este objetivo?
-Ahora estamos armando la agenda del plan, a través de reuniones con las distintas cámaras de aseguradoras. Y luego haremos mesas de trabajo específicas para definir el plan estratégico. Un aspecto muy importante del plan es avanzar en una nueva ley del seguro y en modernizar la Superintendencia. No le podemos pedir un esfuerzo al sector privado si el Estado no está acorde.
-¿Se plantearía un aggiornamiento de las leyes 20.091 y 17.418?
-La intención es hacer una única ley para la actividad, que esté en sintonía con un mercado de seguros que no es lo mismo que hace 40 años. Además nos parece importante que haya una ley de seguros en democracia. Esta ley no fue dictada por un parlamento elegido por el pueblo. No pensamos en hacer un parche a la ley que está, sino plantear una nueva ley que ponga a la actividad aseguradora como un pilar del desarrollo nacional. Si hoy contribuimos con el 3 por ciento del PBI tenemos que aspirar a que contribuya con mucho más y a generar ahorro argentino. Que, de una vez por todas, la frase "crear conciencia aseguradora" sea una política acordada entre el Estado y los actores de la actividad.
-¿Qué puntos de quiebre le ven a la ley para no poder acompañar el plan que encararía el sector?
-Hay temas que deben ser abordados con especificidad como la Defensa del Consumidor y la cuestión ambiental. El marco del reaseguro también tiene que tener un andamiaje que vaya más allá de una normativa del órgano de control. También a través de una ley regular actividades que hoy no están del todo claras en cuanto a la capacidad de control del organismo, como es el tema de los brokers y agentes institorios. Hay muchos temas que requieren un rango y una actualización. Y también nos parece importante una ley que esté en sintonía con la nueva realidad que tiene el país que es la defensa de los intereses nacionales, la participación del Estado como un actor importante en el diseño de la política económica. Hay un escenario en la Argentina que debe ser adecuado con transformaciones legislativas para darle a todos los sectores un horizonte, pero también un marco de seguridad jurídica.
-La presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo que el Gobierno trabajará "fuertemente" para la instauración de un seguro para el sector agrícola, para que, cuando condiciones climáticas como la sequía afecten la producción, no tenga que recurrir a la ayuda económica del Estado. ¿Se evalúa la posibilidad de un seguro agrícola obligatorio?
-La mecánica de trabajo que fijó la presidenta es que la iniciativa la lleva adelante el ministerio de Agricultura y nosotros somos un soporte técnico. Hoy estamos trabajando con Agricultura, evaluando distintas opciones.
-En cuanto al seguro Ambiental, la Superintendencia ha aprobado planes que terminan trabados en la secretaría de Ambiente. Y sólo están autorizadas por la secretaria de Ambiente un reducido grupo de seis aseguradoras. ¿Cuál es la situación hoy?
-En el tema hay un trabajo en conjunto de la
Superintendencia de Seguros y la Secretaria de Ambiente. La que da el apto técnico es Ambiente. Entendemos que hoy se está en una nueva etapa donde la decisión de la Secretaria de Ambiente es avanzar en ofrecer la mayor oferta posible y nosotros acompañamos esa política. La autorización a la aseguradora
Alba es un caso testigo de que ha habido una voluntad política de abrir el juego.
Nosotros remitimos los expedientes que teníamos, Ambiente los está estudiando y entiendo que al haber liberado el caso de Alba el resto de los expedientes seguirá el mismo camino. De todos modos, hoy está interviniendo la justicia en este caso, porque una de las compañías de la Cámara consideró que se han vulnerado algunos de sus derechos y se presentó a la justicia.
-En seguros de Automotores, el organismo emitió varias normas en 2011: unificación de condiciones contractuales y Póliza Digital. También se creó el Registro de Autopartes Nuevas y Usadas y se incorporó en la etapa de fiscalización a las compañías de seguros. ¿En qué etapa de implementación están estas normas?
-En cuanto al Registro de Autopartes para atacar el robo de autos, está en una etapa de construcción. Es un trabajo conjunto del ministerio de Seguridad, el ministerio de Justicia y la Superintendencia. En cuanto a la póliza digital entró en vigencia el 1º de abril. Estamos trabajando fuerte para que se ponga en marcha y luego, como todo sistema nuevo, se puede ir perfeccionando.
-Uno de los temas del sector es el volumen de juicios y mediaciones en curso, que supera hoy los 300 mil expedientes, y los "pasivos ocultos" de las compañías...
-Lo que queremos hacer, y habrá novedades pronto, es informatizar todos los datos, ponerlos en un sistema para que tengamos un control on line y que no nos escondan ningún tipo de información.
-Pero esa información la Superintendencia la tiene. ¿Sería en conexión con el Poder Judicial?
-Queremos perfeccionar el acceso a la información que dan las compañías, sistematizarla y que tengamos on line día a día como se van cargando los siniestros, las mediaciones y los juicios. En eso estamos avanzando rápido, queremos en 30 ó 60 días diseñar un sistema que nos permita tener la información en tiempo real. Así nos parece que no puede haber ningún tipo de ocultamiento de información. Por otro lado, hay un trabajo con la justicia que es mucho más lento. Estamos en etapa de conversación porque tenemos que trabajar con 23 jurisdicciones. Aspiramos al mismo horizonte, que podamos tener información, poderla cruzar y que nadie pueda ocultar datos.
-¿Esto permitirá discriminar los juicios de las mediaciones? Hoy las aseguradoras sostienen que su stock de juicios se engrosa por las mediaciones, que es una etapa de negociación.
-Si logramos un sistema transparente en este sentido, obviamente que se desagrega la información con mucha más precisión.
-¿Cuál es el criterio que están aplicando para inspeccionar aseguradoras?
-Venimos con un sistema que no nos satisface. Un sistema donde se evalúa una compañía cada tres años, porque hay que evaluarla, no es lo óptimo. Aspiramos a tener, en el proceso de modernización del organismo, un sistema de inspección y evaluación que sea moderno, transparente, que nos de la información en tiempo real y avanzar en un horizonte de alertas tempranas, evaluación según riesgo. Queremos un sistema mejor.
-Los operadores de seguros de Vida y Retiro reiteran la necesidad de incrementar los beneficios impositivos para el despegue del negocio. ¿Se está avanzando en el análisis de algún mecanismo?
-Estamos de acuerdo con el planteo del sector y el ministerio de Economía también. Trabajamos para, de una vez por todas, definir una política que sea sustentable y que atienda todas las problemáticas, no sólo del sector sino también las necesidades fiscales del Estado. Nos parece muy buena la propuesta de AVIRA para avanzar en ese sentido. Tenemos expectativas de que este año podamos avanzar muy firmemente.
-¿Cómo evalúa la solvencia del sistema asegurador en su conjunto, incluyendo Riesgos del Trabajo?
-Los datos son elocuentes. Nos parece que es un sistema sólido, solvente y que ha tenido un desenvolvimiento en los últimos años espectacular, no ha dejado de crecer porque está atado a una economía que no ha parado de crecer. Es un sector dinámico y que tiene la suficiente solvencia para enfrentarse a los desafíos que le presenta la actividad.
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